En el contexto actual que impone un cambio radical en el modelo productivo condicionado, entre otros, por los retos de la sostenibilidad, debemos reflexionar y repensar los instrumentos necesarios para abordar el crecimiento económico, industrial y social, entre los que la colaboración público-privada adquiere un papel determinante.
Así, los PERTES y las políticas industriales no son la única vía para impulsar y posicionar nuestra industria, ni pueden ser efectivas si no van acompañadas de nuevos vehículos jurídicos y administrativos que nos permitan aunar la capacidad innovadora de las empresas al despliegue de infraestructuras y tecnologías que requiere un país con vocación de devenir sostenible. Un país cuyas ciudades, carreteras, puertos, aeropuertos, e infraestructuras acompañen el crecimiento de su industria, potenciándose mutuamente. No podemos posicionar nuestras empresas en esta nueva economía verde y transformadora, que implica tantas oportunidades, si no destacamos también como territorio que apuesta por las energías o la movilidad verde desde sus distintas administraciones, y desde todas sus áreas.
Más allá del concepto de colaboración público-privada tradicional (el que nos recuerda a los modelos de concesión en la gestión de infraestructuras, por ejemplo), deberíamos ser innovadores y establecer otros nuevos que permitan a las administraciones y a las empresas trabajar juntas cuando se trata de proyectos estratégicos. Así sería especialmente en el ámbito de la movilidad y la sostenibilidad, que necesita de nuevos modelos de negocio en los que se integren actores públicos y privados.
Estamos inmersos en una transformación global, en la que la necesaria descarbonización y el auge de las tecnologías digitales lo están cambiando todo. Hablamos desde hace años de la necesidad de que las empresas se transformen y crezcan. Muchas ya lo han hecho, lo hacen continuamente. Estamos viendo organizaciones que operaban en mercados industriales tradicionales apostar por los nuevos mercados de la energía verde, la movilidad o la sostenibilidad.
COLABORACIÓN CON LOS TERRITORIOS
Muchas de las nuevas tecnologías de estas empresas necesitan ser testeadas en las ciudades, ciudades que por su parte también tienen el gran reto de su descarbonización. Son tecnologías que no podemos probar "solas", pues funcionan integradas en sistemas, con otras tecnologías, de otras empresas. Imaginemos por ejemplo un módulo que produce hidrógeno verde, que puede ser idóneo para electrolineras, hidrolineras, como backup energético en ciudades... No va solo. Forma parte de un sistema en el que también habrá cargadores eléctricos, baterías, placas solares, y seguramente será parte de una red que de una manera u otra las administraciones públicas establecerán dónde se puede ubicar y en qué condiciones. Lo mismo pasa con una tecnología para el vehículo conectado, que necesita de su hardware, sea en los vehículos y/o en las infraestructuras urbanas, y que también se integrará en una plataforma tecnológica, pública, mucho más compleja, con componentes de software y de hardware, etc.
Estas empresas innovadoras, que pueden impulsar proyectos transformadores y que son ejemplo del ecosistema industrial que ahora queremos cuidar, resulta que necesitan que las administraciones con las que tienen que trabajar de la mano en estos ámbitos también sean innovadoras... y rápidas. Porque estamos en un contexto económico altamente competitivo.
REVISAR E IMPULSAR FÓRMULAS
Nuestro sistema jurídico prevé fórmulas que pueden vehicular proyectos innovadores público-privados, pero no están funcionando. La compra pública innovadora debería servir, pero es un arduo camino desplegarla en nuestro sistema administrativo, con lo que aumenta el riesgo para las empresas y desgasta a las administraciones. Necesitamos facilitar su despliegue.
Los consorcios, como estructuras organizativas con participación y aportación pública y privada, son también instrumentos que pueden vehicular este tipo de proyectos, pero de nuevo no son nada fáciles de implementar.
Para dar un impulso a este tipo de colaboración público-privada, necesitamos:
1.Cultura de innovación privada. Las empresas son las que tienen las soluciones innovadoras que las ciudades necesitan, las que nos pueden ayudar a descarbonizar regiones, además de a crear riqueza y puestos de trabajo.
2. Formación en los distintos niveles y departamentos de las administraciones públicas, para facilitar el despliegue de fórmulas como la compra pública innovadora y otras similares.
3. Los retos, labs, pilotos, etc. son fórmulas que potencian las sinergias, pero en las compras públicas posteriores a las pruebas no se suele valorar el riesgo, la tecnología y el conocimiento aportados por las empresas participantes, que han expuesto sus soluciones y pueden verse fácilmente amenazadas por competidores que las copien y las ofrezcan a precio inferior. Por tanto, las fórmulas de testeo deberían complementarse con pliegos posteriores que tengan en cuenta las aportaciones previas, el riesgo, la inversión, la innovación... La certificación de los sistemas y soluciones trabajados puede ser una de las vías.
4.Consorcios en proyectos europeos: son fórmulas muy interesantes que permiten poner en común necesidades de las ciudades y soluciones empresariales, también con universidades y centros tecnológicos, y con aplicación en más de un país. Pero requieren mucha dedicación y conocimiento, personas expertas para su impulso y gestión. Las entidades supramunicipales y las asociaciones empresariales como AEMES Smart, son de gran ayuda para conseguir involucrar nuevas ciudades y pymes.
AGILIDAD
Tenemos una industria muy potente. Tenemos sol, viento e infraestructuras energéticas que nos dan una gran ventaja competitiva. Tenemos fondos europeos con los que pretendemos fortalecer esa industria y atraer inversiones, complementando cadenas de valor para lograr la máxima soberanía.
No nos encallemos en las fórmulas jurídicas y administrativas que permitan esta innovación conjunta: creemos los vehículos para poder hacerlo con garantías, pero con agilidad. Y hagámoslo rápido.
Los sandboxes o espacios de pruebas previstos en el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y de la Ley de Industria son una buena noticia. Esperemos que su aplicación práctica también lo sea.